Sobre la detención y la entrega de Joaquín Pérez Becerra

Una acción peligrosa y reveladora

La detención y la extradición (el 23 de abril 2011) por las autoridades de Venezuela en Colombia de Joaquín Pérez Becerra, ciudadano sueco, luchador, periodista, escritor y director de la agencia de noticias ANNCOL (Nueva Colombia) son un desarrollo significativo y revelador.

El luchador ha sido entregado a manos de un régimen sangriento por un gobierno y un líder que proclama la “revolución” y a veces hace fuertes declaraciones antiamericanas, mientras ataca el “neoliberalismo” y mantiene buenas relaciones amistosas con la Cuba socialista. Es evidente que esta acción no se puede interpretar en base a las declaraciones de Chávez quien se encontró “con una papa caliente en manos” debido al “código rojo de Interpol” de los que “los EE.UU. y Colombia llaman terroristas”.

Estas excusas no pueden convencer a nadie, al contrario crean cuestiones a cada luchador y persona progresista que entiende que la llamada “guerra contra el terrorismo” declarada por los EE.UU. apunta contra los movimientos populares. Los 62 Partidos Comunistas que participaron en el Encuentro Internacional de 2002 señalaron a tiempo que: “Los acontecimientos del 11 de septiembre constituyeron la coartada para lanzar una ofensiva sin precedentes contra las libertades y los derechos de los pueblos bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Los imperialistas llaman terrorista a cualquier movimiento de resistencia que lucha contra la globalización capitalista y las decisiones antipopulares que toman organismos internacionales (FMI, Banco Internacional, OMC, UE etc.), a movimientos antiimperialistas que luchan contra las intervenciones y guerras imperialistas y contra la OTAN, así como a cada movimiento social y nacional liberador y a las luchas contra regímenes dictatoriales y fascistas” (Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, Declaración 2002).

¿A quién entregó?

Becerra antes de huirse de Colombia a Suecia en 1994 como refugiado político, fue concejal en el municipio de Corinto con la “Unión Patriótica”, la formación política legal que participa en las elecciones locales, parlamentarias y presidenciales en Colombia.

El régimen reaccionario de Colombia y escuadrones paramilitares de muerte han asesinado a dos candidatos presidenciales de la UP, 13 diputados, 8 senadores, 11 alcaldes, 70 concejales y miles de sindicalistas, campesinos y estudiantes. La vida de Becerra estaba en peligro mientras en un intento de asesinarle mataron a su esposa.

El gobierno de Colombia considera que Becerra es cuadro dirigente de la guerrilla heroica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización que se considera “terrorista” tanto por los EE.UU. como por la UE.

En resumen, Becerra fue una “espina” en el lado del gobierno colombiano porque su acción contribuyó a revelar lo que estaba realmente sucediendo, las persecuciones y los asesinatos no han parado nunca.

El debate sobre la “legitimidad” de esta acción

Son muchas las voces que señalan que la acción inaceptable de la extradición del luchador a las autoridades de Colombia fue ilegal. En realidad, esto no es el tema principal, porque lo que hizo Chávez no se puede juzgar solamente en base a criterios jurídicos, es decir si fue una “acción legítima”, si reflejaba el “derecho internacional” y los acuerdos internacionales. Esto se debe al hecho que durante los últimos veinte años el derecho internacional se interpreta según le conviene a cada potencia imperialista y porque esto ha cambiado significativamente en comparación con el período cuando reflejaba la correlación de fuerzas entre la URSS y las fuerzas del socialismo por una parte y los EE.UU. y las fuerzas del capitalismo por otra parte. Esto se muestra claramente tanto por la utilización de la ONU en las guerras y las intervenciones imperialistas como por la integración constante en el derecho internacional de nuevos cambios reaccionarios tales como sobre el “terrorismo”, el “radicalismo”, el “extremismo”, es decir, conceptos que se utilizan por la burguesía como “paraguas” para la represión de los movimientos populares.

Por lo tanto, esta acción no se puede juzgar en términos jurídicos, especialmente tras la extradición a Colombia de 3 guerrilleros detenidos en Venezuela. Hay que examinar las causas profundas de este comportamiento político y sacar conclusiones para el movimiento comunista, obrero y antiimperialista.

Retiro del movimiento de la línea política de ruptura

Las declaraciones de Chávez que, supuestamente, entregó a un luchador por “motivos patrióticos”, para que “el país no será acusada de apoyar el terrorismo”, son reveladoras. ¿Cómo puede ser uno revolucionario cuando define los intereses de su país de acuerdo con los criterios que establecen los burgueses y, en particular, con respecto a lo que llaman actualmente “terrorismo”?

Sin embargo, esta declaración no fue un rayo en cielo despejado. Fue precedida por la expulsión de las FARC del “Foro de Sao Paulo” donde participan y juegan un papel protagonista muchos partidos gubernamentales y movimientos “de izquierdas” y “socialistas” de América Latina. Como señalan los documentos del 18º Congreso del KKE: “En América Latina así como en general se hace un esfuerzo de condenar y rechazar la lucha revolucionaria armada utilizando como excusa a las FARC. Esta postura política ampliamente adoptada por las fuerzas pro-imperialistas, que cuenta también con el apoyo del reformismo y del oportunismo, concierne también la lucha armada contra la ocupación y la resistencia contra regímenes y autoritarios. Además, concierne el desarrollo del movimiento revolucionario, el derecho a la protección de la represión y de las armas de la burguesía y de las fuerzas políticas burguesas. En esencia, esta postura sostiene que el movimiento debería abandonar la política de ruptura y de subversión del sistema.”

El “antiimperialismo” vacío de contenido es peligroso

Varios partidos que participan en el “Foro de Sao Paulo”, como el partido de Chávez, declaran que luchan contra el imperialismo sino que lo identifican con los EE.UU. que se caracterizan como “imperio”. En realidad, estas fuerzas restringen esencialmente la lucha antiimperialista a un enfoque unilateral, contra los EE.UU., mientras el imperialismo se considera como un asunto de “dependencia extranjera” y de intervenciones estadounidenses, un asunto de restricción de derechos nacionales y no como capitalismo monopolista, la fase superior del capitalismo, donde están integrados actualmente todos los países capitalistas, independientemente del nivel de su desarrollo económico.

Por lo tanto, estas fuerzas no ven (o quizás no quieran ver) que las relaciones de dependencia que existen en el sistema imperialista se deben al desarrollo capitalista desigual y que se pueden resolver en beneficio del pueblo sólo si cada país rompe estas cadenas que la mantienen en el marco del sistema imperialista, es decir si organiza su economía sobre la base de la satisfacción de las necesidades populares, de la socialización de los medios básicos de producción, mediante la planificación central y la imposición del control obrero-popular. En otras palabras, niegan a leyes importantes de la revolución y de la construcción socialista, tales como la dictadura del proletariado. Al contrario, describen un diferente “socialismo”, que se le da el apodo del “socialismo del siglo XXI” que en realidad es un enfoque más para la gestión del capitalismo que promueve la demanda de las burguesías de sus países por una posición mejor en la pirámide imperialista mundial. Tratan de hacerlo mediante la formación de organizaciones-uniones interestatales capitalistas como por ejemplo MERCOSUR, UNASUR, ALBA y recientemente CALC que realizó su primera reunión preparatoria.

Estos procesos socioeconómicos y políticos están en marcha y requieren la convergencia entre las clases burguesas de la región. Además muestran que el caso de Becerra no fue un simple “error” de Chávez sino una decisión vinculada armoniosamente con las decisiones clasistas del capital en América Latina. Por otra parte esto se expresa también por el recalentamiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia después de la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia a pesar de la persistencia de Colombia en su acuerdo con los EE.UU. para la utilización de siete bases militares y aéreas por las fuerzas de EE.UU.

Por Elisseos Vagenas,

Miembro del CC del KKE y responsable de la Sección de Relaciones Internacionales del CC